Archive | Setembre 2012

La izquierda debe prepararse para el colapso de la eurozona y asumir que la deuda es impagable

 

“La izquierda debe prepararse para el colapso de la eurozona y asumir que la deuda es impagable”

Posted: 28 Sep 2012 12:27 PM PDT

por Alberto Montero Soler

"La izquierda debe prepararse para el colapso de la eurozona y asumir que la deuda es impagable"
El euro, tal y como lo conocemos, es inviable. Por eso, el euro, desde mi humilde perspectiva, y desde el pesimismo intelectual, está condenado a colapsar. ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que yo no me atrevo a anticipar.
Intervención de Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, en el coloquio “De la crisis del euro al rescate. El debate de la izquierda ante la crisis”, que tuvo lugar el 22 de septiembre, en el marco de la Fiesta del PCE. Transcripción a cargo de Rebelión

Yo soy de los que cree, frente a otros compañeros economistas críticos, que no hay alternativas y que o se aborda el problema de la Eurozona sin tratar de poner paños calientes, de una forma radical y enfrentándonos a la realidad que tenemos delante o la realidad pasará por encima de nosotros y cuando nos hayamos dado cuenta estaremos volteados y sin ningún tipo de capacidad de respuesta y reacción.

La primera cuestión que quisiera plantear es la más básica de todas, y es que cuando hablamos del proyecto europeo, cuando hablamos de la crisis en Europa y de la crisis del euro, nos olvidamos de lo principal. Y es que el euro está contra la Europa en la que todas y todos creemos. El euro es un proyecto que ha permitido a las élites económicas, tanto industriales como financieras europeas, cooptar a la clase política tanto a nivel europeo como estatal y ponerla al servicio de un proyecto de rentabilización de los capitales en el cual la clase trabajadora no tiene nada más que cosas que perder. Si no entendemos que la Europa del euro no es nuestra Europa, no podremos enfrentarnos adecuadamente a esta crisis. Plantear que hay que rescatar a Europa y rescatar al euro, y olvidarnos de eso, es echarnos piedras sobre nuestro tejado.
En segundo lugar, la crisis del euro no es una crisis financiera, lo que no quita para que tenga una dimensión financiera. La crisis del euro es una crisis que estaba inserta en el código genético del euro desde su aparición. El euro se diseñó desde una perspectiva neoliberal y orientada exclusivamente a ese proceso de rentabilización de los capitales a nivel europeo. Las políticas de ajuste permanente que se articularon en el proceso de convergencia hasta llegar a Maastricht como las políticas que se han mantenido desde entonces; los errores de diseño en el euro con la ausencia de una estructura fiscal de redistribución de la renta que permita repartir la renta y la riqueza desde las zonas en las que se genera y acumula hacia las zonas en las que se producen situaciones de recesión y crisis; la ausencia de cualquier mecanismo de solidaridad más allá de la Política Agraria Común para permitir que las vacas europeas vivan mejor que los niños latinoamericanos o africanos; las asimetrías estructurales que se han producido, que existían y que en ningún caso se han reducido, sino que se han agravado, y que como consecuencia de esta crisis se están intensificando. Todo ello sólo puede hacernos llegar a la conclusión de que el euro es proyecto fallido; pero que, además, no es nuestro proyecto ni algo que tengamos que defender desde ningún punto de vista.
¿Qué opciones hay frente al futuro? Las opciones frente al futuro dependen de la comprensión de cuáles son las dimensiones y la naturaleza de la crisis, por un lado; y por otro lado, de valorar la viabilidad del proyecto europeo tal y como lo conocemos. Si mañana cambia el código genético de todos los alemanes, incluida su Canciller, me comeré todas y cada una de las palabras que voy a decir a continuación, pero como creo que esa mutación genética no va a ocurrir, la viabilidad de la pertenencia al euro para los países periféricos es prácticamente nula. Es decir, la viabilidad del euro, si no se restringe única y exclusivamente a los países centrales, estaría puesta en cuestión. Es decir, el euro, tal y como lo conocemos ahora, es una moneda que va hacia el colapso. Y por eso digo que, probablemente, si no tratamos de articular respuestas desde esa perspectiva del colapso de la Unión Europea a medio o largo plazo, lo que nos encontraremos es que éste nos pasará por encima.
Sobre la naturaleza de la crisis, muy rápidamente, porque yo creo que todos y todas, más o menos, estamos al tanto. La crisis europea no es una crisis financiera. Es una crisis derivada de las diferencias acumuladas de competitividad entre el núcleo y la periferia; entre un núcleo que ha aumentado sus niveles de productividad, que ha mantenido unas tasas bajas de inflación y que ha emprendido unos procesos de ajuste y de moderación salarial; y una periferia que ha mantenido unos diferenciales de inflación positivos con respecto al núcleo -es decir, ha visto cómo sus precios han crecido más-; también ha visto cómo los salarios de la clase trabajadora han crecido más, entre otras cosas, porque partían de unos niveles inferiores; y, por lo tanto, esto ha dado lugar a unos déficit en la balanza por cuenta corriente que explican, junto a la crisis bancaria, la dimensión financiera posterior de la crisis.
Esas diferencias en las productividades han beneficiado esencialmente a Alemania. Alemania ha sido la principal beneficiaria de que exista una moneda única. ¿Por qué? Porque cuando existían esas diferencias de competitividad entre las economías, pero cada una tenía su propia moneda, los Estados podían devaluar sus monedas para reducir los déficit de competitividad. Desde el momento en que se crea una moneda única, con un tipo de cambio fijo e inalterable entre las distintas economías, los países no pueden recurrir a la devaluación para reducir los déficit de competitividad entre sus economías. Y vemos cómo eso se traduce en dos situaciones enfrentadas: por una parte, acumulación de superávit por cuenta corriente en los países centrales; y, por otra, déficit por cuenta corriente en los países de la periferia.
Para mantener esa situación de desequilibrio en las balanzas por cuenta corriente a su favor, ¿qué hizo Alemania? Básicamente, sustituir superávit comercial por deuda externa. Es decir, vendía a los países de la periferia y, al mismo tiempo, financiaba el endeudamiento de los países de la periferia para que le compraran el excedente comercial. ¿Por qué? Porque Alemania ha sido tradicionalmente, por motivos demográficos, sociológicos y de distinta naturaleza, un país con una insuficiente demanda interna. Y lo que ha hecho a lo largo de todo el proceso del euro es sustituir esencialmente demanda externa de los países periféricos y del resto del mundo por demanda interna.
Su política ha sido la de mantener niveles de demanda al interior muy bajos, incrementando la presión salarial sobre los trabajadores, y sustituirla por la demanda que realizaba el resto del mundo, especialmente los países periféricos. Como esos países periféricos necesitaban de inyecciones de recursos financieros para poder financiar la falta de ahorro de sus economías, lo que ha hecho Alemania es, básicamente, fomentar el endeudamiento de los países periféricos. De manera que la crisis, tal y como la encontramos en estos momentos, tiene dos dimensiones difícilmente reconciliables: una es el problema de la deuda. Pero especialmente para el caso español y de la mayor parte de los países periféricos, es un problema de deuda privada. Que, parcialmente, ha sido socializada, porque se ha socializado la deuda de los bancos, pero la deuda de los particulares sigue viva e intacta. Y que no se puede solucionar si no se reestructura. Es decir, si no hay una quita, una moratoria y una reestructuración de los plazos de pago de la deuda. Esa sería la expresión financiera del problema.
La otra dimensión de la crisis son las diferencias en la competitividad. Diferencias en la competitividad entre las economías centrales y las economías periféricas que no están disminuyendo sino que se están ampliando. Lo que nos encontramos es que el proceso de ajuste para salvar al capital financiero e industrial, tanto a nivel europeo como estatal, se está haciendo a costa del ajuste salarial y de la presión sobre los trabajadores, con repercusiones sobre los niveles de productividad de los mismos.
Frente a ello, ¿qué se está haciendo? Políticas de ajuste y austeridad que no pueden funcionar bajo ningún concepto por razones evidentes.
Primero, porque inducen a sustituir demanda interna por demanda externa a todos los países. Es decir, deprimen el consumo, la inversión y el gasto público a nivel interno y lo tratan de sustituir por exportaciones hacia el resto del mundo de nuestros productos. Y eso se hace, esencialmente, por la vía de la deflación salarial. Es decir, reduciendo el coste del trabajo. Pero se hace promoviendo esa política para todos los países simultáneamente -y ahora veremos a qué niveles- y, al mismo tiempo, en un contexto de economía global en recesión. Es decir, es una política pro-cíclica: induce a las economías hacia la crisis en un contexto de crisis económica global. Por lo tanto, es una política que no tiene ningún sentido. Además, impone el ajuste sobre cada vez más economías.
El ajuste duro sobre los “cerditos” (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) supone en estos momentos el 37% del PIB comunitario. Si a eso se le une el ajuste moderado que se está llevando a cabo en Francia, con la reciente rebaja de los 30 mil millones de euros, el ajuste afecta ya al 57% del PIB de la eurozona. Y si a eso se le suma los ajustes moderados sobre Bélgica y sobre los Países Bajos, el ajuste llega al 66% del PIB comunitario. Es decir, se está imponiendo políticas de recesión, de contracción, de profundización en la crisis, a casi dos tercios de la eurozona. Con lo cual, la posibilidad de que esos dos tercios salgan a flote como consecuencia de la demanda externa que haga el otro tercio, es prácticamente nula.
Y además las políticas de ajuste tienen repercusiones sobre los diferenciales de productividad. Las políticas de ajuste lo que hacen es frenar el crecimiento. Al frenar el crecimiento, afectan a los rendimientos del sector industrial, fundamentalmente. Eso, debido a las rigideces técnicas que impiden que haya un ajuste paralelo entre el empleo y la producción -es decir, la producción suele caer más rápidamente de lo que lo hace el empleo- provoca el deterioro de la productividad, el deterioro de los beneficios, la caída en la inversión e incentiva la caída en la producción. Con lo cual, volvemos a deteriorar lo que debería servir para sanar la causa última de la crisis en Europa: los diferenciales de competitividad entre las distintas economías.
Pero además, hay otra cuestión de fondo mucho más grave. Y es que, utilizando sólo las relaciones macroeconómicas básicas sobre las que todo el mundo coincide nos encontramos con que el proyecto europeo es inviable con Alemania dentro. Sin Alemania, la cosa pudiera cambiar.
Tenemos que partir de la premisa, como hemos señalado, de que la eurozona es un diseño fallido, un diseño que estaba mal desde su propio origen. Y, en estos momentos, estamos asistiendo al conflicto entre las élites europeas, que ven cómo su proyecto se está desmoronando y no terminan de entender cómo y por qué y cómo y a través de qué vías podrían solucionarlo de forma que las soluciones le permitieran mantener su posición de poder a lo largo del tiempo. Y, por otro lado, la lógica económica elemental. Se trata de un conflicto difícilmente resoluble y que ha ilustrado muy bien Luis Alonso.
Hemos pasado de una situación que parecía que era un juego de suma cero al interior de la Unión Europea, donde lo que unos ganaban era a costa de lo que otros perdían y era, hasta cierto punto, asimilable por todos, a una situación que se llama juego de suma negativa, es decir, donde cada una de las partes cree que está peor de lo que estaría si no estuviera en el euro. Los del núcleo, porque creen que han financiado la orgía inmobiliaria y el bienestar de los países periféricos, que, al parecer, no nos correspondía; y los periféricos, porque creemos que los países centrales nos están imponiendo políticas de austeridad que están acabando con el empleo, con los derechos sociales y con las perspectivas de futuro de nuestra generación y de las generaciones futuras.
El problema es básicamente Alemania. No porque le tenga especial aversión a los alemanes, sino por su estructura productiva. Una estructura productiva que está basada esencialmente en la debilidad crónica de la demanda interna: una economía que ahorra mucho más de lo que consume; y que ha orientado sus aparatos productivos hacia la exportación, a sustituir demanda interna por demanda externa. Para eso, Alemania, después de la reunificación alemana, necesitaba un contexto de tipos de cambio fijos inamovibles, y la expresión más cerrada y perfecto de ello era construir una moneda única.
Eso ha dado lugar a que los países centrales, con Alemania a la cabeza, hayan conseguido una situación de superávit en la balanza por cuenta corriente que se ha canalizado en forma de flujos financieros hacia los países periféricos. Revertir esa situación significaría que Alemania aceptara que los países periféricos empezaran a exportar más hacia los países centrales, cosa que es altamente improbable. Si todo su esfuerzo productivo desde la Agenda 2010 de Schröder de principios del siglo XXI ha estado orientada a reestructurar su economía en ese sentido, parece muy poco probable que a estas alturas sea políticamente aceptable a nivel interno que puedan revertir esa situación para aceptar déficit en la balanza por cuenta corriente. Entre otras cosas, porque se enfrentarían a la debilidad de la demanda interna y a debilidad de la demanda externa; es decir, aceptar eso significaría que Alemania aceptaría incrementar sus niveles de desempleo e incrementar sus niveles de inflación. De hecho, Alemania, durante estos doce, quince años ha hecho todo lo posible por llegar a esta situación. Por llegar a reforzar su superávit en la balanza por cuenta corriente. Difícilmente va a permitir que eso se revierta, entre otras cosas porque para ello sería necesario, por ejemplo, que su inflación fuera mayor que la de los países periféricos. Algo que, por otra parte, no es fácil de conseguir en unas sociedades que tienen mayor aversión a la inflación que las sociedades periféricas y en unas economías periféricas donde la inflación es estructuralmente más alta que la inflación del centro. Por otro lado, debería aceptar pérdidas de competitividad por la vía de mantener mayores incrementos de los costes laborales, de los salarios de los trabajadores. Cuando lo que se está promoviendo con las políticas de ajuste es, precisamente, lo contrario: deflación salarial en los países periféricos manteniendo, más o menos constantes, los niveles salariales en sus países. Además, hay que considerar que no se puede cambiar una estructura productiva que está orientada a la exportación por una estructura productiva orientada a la economía interna de la noche a la mañana.
El colapso es inevitable, por cuestiones de relaciones económicas básicas. A lo que nos vamos enfrentando es a que el nivel de la deuda pública es actualmente insostenible para los países periféricos. España (ya no hablo de Grecia y Portugal) es un país insolvente, en quiebra: no puede conseguir ni un superávit comercial ni un superávit fiscal que permita hacer frente al crecimiento del pago de la deuda en los próximos años. Es decir, frente a lo que se nos viene, en algún momento, y eso lo sabe todo el mundo, se va a tener que plantear que la deuda española es impagable, que no hay forma de pagarla. Cuánto tiempo tardemos en aceptar esa situación o cuánto tiempo tardemos en entender que lo que se está produciendo a través de los procesos de ajuste es una extracción de los excedentes desde la periferia hacia el centro para llegar a un momento en el que, cuando no haya más de dónde extraer, reconocer que la deuda es impagable, cuando ya lo es ahora, en estos momentos, es a lo que se tiene que enfrentar actualmente la izquierda.
La izquierda no sólo se tiene que enfrentar a eso, a cuándo vamos a reestructurar la deuda, sino también a cómo conseguimos, y aquí viene la parte más delicada, que no se produzcan, por catastróficas, o que se produzcan en beneficio de la clase trabajadora alguna de las posibles soluciones que hay en el horizonte.
¿Cuáles son las posibles soluciones que hay en el horizonte?
Una, la mejor solución: la mutación genética de todos los alemanes, que hiciera que, de repente, no tuvieran aversión a la inflación, sino que les pareciera bien que los precios crecieran y/o que aceptaran unos niveles de desempleo más altos de los que tienen en estos momentos.
Dos, el colapso de la eurozona. Es decir, la posibilidad de que, en algún momento, más allá de Grecia, que representa un porcentaje muy pequeño del PIB, España declare que la deuda no se puede pagar. En ese momento, si hay que proceder a la reestructuración de la deuda, los inversores internacionales en cuyas manos estamos, dirán: si no se puede pagar la deuda de España, probablemente tampoco se puede pagar la deuda de Italia, probablemente tampoco se puede pagar la deuda de Portugal, probablemente tampoco se puede pagar la deuda de Francia. Es decir, el euro colapsará como consecuencia de que los inversores dejarán de financiar las deudas de los distintos estados. Ese es el horizonte más probable.
La tercera posibilidad es también algo altamente improbable: la monetización de la deuda por parte del Banco Central Europeo, sin ninguna condición. No lo que pretenden hacer ahora: te compro deuda en el mercado secundario, siempre y cuando te sometas a un ajuste para provocar una deflación interna, que te permita, improbablemente, llegar a sustituir demanda interna por demanda externa. El que el Banco Central Europeo, los alemanes o los países centrales acepten financiar mediante la monetización de la deuda, vía Banco Central Europeo, sin ningún tipo de condiciones, los niveles de deuda acumulados en los países periféricos, es también, como digo, altamente improbable.
Por eso, el euro, desde mi humilde perspectiva, y desde el pesimismo intelectual, está condenado a colapsar. ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que yo no me atrevo a anticipar. De manera que, o nos salimos del euro, preparando anticipadamente la salida, sin pasar del euro a las futuras pesetas de la noche a la mañana. Sino pensando en mecanismos posibles para ir preparando una salida no traumática del euro: básicamente, anticipo uno, introduciendo una moneda paralela exclusivamente de circulación nacional. O lo que puede ocurrir es que el colapso nos pille como siempre, mirando para otro lado.
Muchas gracias.
Alberto Montero Soler ( amontero@uma.es“> alberto.montero@uma.es,//@amonterosoler“>@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro “Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona”, en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Anuncis

PER AIXÒ I MOLTES MÉS RAONS

ftp://ftp.regio7.cat/regio7_manresa/R7M_25092012.pdf

TRIBUNA

Catalunya no es pot sostreure de
la crisi. Ha entrat en crisi un
model que es demostra incapaç
d’aconseguir el benestar
de les persones i la llibertat dels pobles.
Molts catalans aspirem a una Catalunya
plenament lliure, una Catalunya nació entesa
com a l’aspiració sobirana de la majoria
del nostre poble, i s’ha de construir
aquest anhel basant-nos en les aspiracions
de les classes treballadores i populars,
comptant amb la majoria dels seus ciutadans.
Per a molts catalans el concepte d’identitat
nacional és molt diferent del de la
burgesia conservadora, Catalunya «és», en
la mesura que preservem la cohesió social
i desenvolupem el poder popular plenament
democràtic. Alguns dels aspectes
centrals de la nostra posició sobre la qüestió
nacional són plenament vigents en el
debat sorgit després d’aquest Onze de Setembre.
La manifestació de la Diada de Catalunya
ha posat de manifest, com ho faran
també les pròximes eleccions de l’octubre
a Galícia i a Euskadi, i davant aquesta crisi
combinada econòmica i democràtica, és
que cada vegada més gent vol tenir el dret
a decidir per si mateixa quin règim i institucions
nacionals i quines polítiques per
defensar-se d’una crisi que no han provocat.
L’autodeterminació es porta dins, i es
manifesta en les nostres accions, des de les
més petites fins a les més grans. És a la vida
quotidiana on primer s’ha de reflectir
aquest fet. Més exactament, el que s’anomena
«independència de criteri». No obstant
això, som un poble que ha estat absorbit
pel consumisme, l’aparença, el «què diran
», el control social i la hipocresia. I això
pot ser culpa d’un govern, però és també
decisió pròpia. Fa falta un projecte per al
conjunt del poble de Catalunya, projecte
que per a nosaltres és ocupat per les preocupacions
socials i econòmiques, fa falta
per a la construcció nacional i democràtica
com a participativa. Aquesta construcció
pot donar a la nació una caracterització
antiimperialista, no centralista, solidària i
internacionalista i amb plena capacitat de
relació entre iguals amb altres pobles d’Espanya,
d’Europa i del món.
La nostra visió de participació, o no, en un
Estat propi o compartit està en funció de la
voluntat i els interessos d’aquesta majoria
ciutadana que podem expressar com a poble
en què al centre participen els treballadors/
es, que han d’expressar a mitjà i llarg
termini un projecte emancipatori que va
molt més enllà dels estats. Nosaltres volem
desenvolupar l’autogovern de la nació catalana.
Per molts motius: el primer, perquè
tenim el dret democràtic de fer-ho, i el segon,
perquè objectivament els treballadors
i el poble de Catalunya han caracteritzat
l’opressió històrica que ha desenvolupat
l’oligarquia terratinent i centralista espanyola,
que s’ha anat convertint avui en una
oligarquia financera aliada amb expressions
del tardofranquisme i el neofranquisme,
que tenen un projecte conservador
i centralista que ha fet i fa encara molts
pactes històrics amb part de la burgesia catalana.
Per tant, el desenvolupament de
marcs d’autogovern és una forma d’afrontar
la lluita de classes.
Al llarg de la nostra història més recent, els
homes i dones del nostre poble han viscut
situacions molt difícils que van causar humiliació,
dolor i sofriment, com a conseqüència
de la imposició dels privilegis i
l’enriquiment desmesurat d’una minoria
de la societat. Aquesta minoria no ha dubtat
mai a utilitzar totes les mesures al seu
abast, inclosa la ruptura de la democràcia i
la violació de les llibertats per garantir la
concentració de poder com si Catalunya
fos la seva propietat. Catalunya no hauria
de ser governada mai per polítics que no
pensen en les mesures socials per donar
un nivell de benestar al seu poble.
«Per això, i per moltes més raons, serem al
carrer i continuarem en la mobilització per
tal que hi hagi un canvi de polítiques socials
i per a una consulta al poble sobirà,
que és el que ha de decidir en aquest moment
molt important de la història de Catalunya
i d’Espanya».

Ricard Sánchez Andrés

COORDINADOR D’EUIA BAGES

Aznar, ¿por qué no te callas?

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/336/aznar-por-que-no-te-callas/

Aznar, ¿por qué no te callas?

Alfredo Serrano Mancilla
Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS (@alfreserramanci)

El ex presidente español José María Aznar acaba de presentar el informe estratégico de la fundación del Partido Popular, FAES: América Latina: una agenda de libertad 2012. La presentación del documento se ha realizado, curiosamente, en Guatemala, país presidido por Otto Pérez, un general retirado del Ejercito, y pródigamente denunciado como genocida. El ex presidente español ahora convertido en gurú de las grandes fortunas se dedica a pasear por el mundo dando lecciones de libertad, democracia y buena gobernabilidad. La puerta giratoria entre política y el mundo empresarial está finamente engrasada en las filas del Partido Popular. El caso de Aznar es el más exitoso de todos sus correligionarios. Tiene una amplia lista de contratos con grandes empresas, muchas de ellas con inmensos intereses en negocios en América Latina. Al señor Aznar, como todos se pueden imaginar, poco le importa el pueblo latinoamericano y sus niveles de vida. Lo que si le concierne es, sin duda alguna, el aumento de la cuenta de resultados de cualquiera de las empresas donde trabaja (esta palabra, en este caso, es un decir). José María Aznar fue, por ejemplo, fichado por la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía del mundo en la extracción de oro, con mucha presencia en América Latina donde controla unas 25 minas. El amigo de Bush también está fichado por Endesa como asesor externo centrado concretamente en temas latinoamericanos a razón de 200.000 euros anuales. El pluriempleo no acaba en esto, porque además asesora en News Corporation, empresa del magnate Rupert Murdoch, y preside altruistamente (¡claro, así cualquiera!) a la mismísima fundación FAES.

El hombre de las Azores se ha perdido en el tiempo y en el espacio. Su máquina del tiempo le ha tenido que jugar una mala pasada porque ya no estamos a principios de los años 80s en América Latina. La propuesta de Aznar es la relectura del Consenso de Washington (otro eufemismo: fue el menor de los consensos). Pide lo de siempre: más mercado, más austeridad, más flexibilidad, más apertura. Y lo exige en la misma forma de antaño: con reformas estructurales. El alzheimer político de Aznar debe estar muy avanzado para no recordar que todas estas reformas estructurales ocasionaron economías muy desestructuradas socialmente en América Latina. Los planes de ajuste consiguieron desajustar sin piedad las condiciones de vida de las grandes mayorías. La amnesia del ex presidente le impide acordarse que Bolivia, por ejemplo, fue aplaudida por la troika de la época (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) por ser el mejor alumno en todas las recetas neoliberales plasmada en el decálogo (mercado, austeridad, flexibilidad, liberalización, aperturismo). Aún más increíble de creer: Bolivia sacó la mejor nota del perversamente llamado Índice de Avance en Reformas Estructurales, algo más de 0.75 de media. Sin embargo, la propia CEPAL, con datos, contradecía el éxito proclamado por las instituciones económicas hegemónicas; los resultados fueron más pobreza, más desigualdad, más exclusión social, más precariedad laboral. Las décadas perdidas (o mejor dicho, sufridas) fueron fruto de las viejas prescripciones del neoliberalismo, ahora retomadas por el Señor Aznar. Lo siento, señor ex presidente, ahora ya sólo preside en FAES, y asesora a grandes transnacionales, y el pueblo latinoamericano ha decidido, en gran medida, hacer las cosas de otra manera, y no escuchar a gente precisamente como usted. Si puede, señor Aznar, ¿por qué no se calla?

Los derechos sociales perdidos

Los derechos sociales perdidos

Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.

1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas

                                  

Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas. 2,8 millones de españoles permanecen sin ningún tipo de protección pública Se elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo’ o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios’ de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad. A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional.1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro        Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).

Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.La desprotección social conlleva el intento de reafirmar la ideología liberal-conservadora En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.

2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales

Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros. La reducción del gasto público contando Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos llega a 9.220 millonesEn particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes. Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.

3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado

Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional).Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedad Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado. Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.

4) Una reforma laboral injusta y antisocial

El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. La reforma laboral abarata y facilita el despido, recorta derechos, precariza el empleo y debilita la negociación colectiva Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial. Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

5) Medidas fiscales regresivas

La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos.El incremento impositivo es de 2.300 millones de euros en el año 2012, 10.130 en 2013 y 9.670 en 2014 Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.

La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal que sea profunda, progresiva y equitativa Aparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.

Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.

Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas. Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.

La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El  problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.

6) Síntesis

En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política  supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo socialEsta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular. El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid que tiene lugar hoy, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.

Una Diada per denunciar les retallades socials

http://www.naciodigital.cat/opinionacional/noticiaON/4345/diada/denunciar/retallades/socials

La Diada arriba en moments de crisi econòmica molt dura d’esgotament del model neoliberal. El govern del PP i de CiU a Catalunya proposa una gestió de la crisi incompatible amb els necessaris canvis socials, fiscals i ecològics. La crisi no és només per la conjuntura internacional i l’especulació. És també per l’esgotament d’un model econòmic, laboral i social, fràgil injust. Abans de la crisi ja teníem un sistema desequilibrat: injust repartiment de la riquesa, treball precari, baixos salaris i pensions, un Estat del benestar dels més dèbils d’Europa i uns models social i fiscal injustos, en un sistema energètic i de mobilitat insostenible. I ara, cal afegir-hi més atur.

Atribuir les mancances socials de Catalunya en exclusiva al dèficit fiscal, com està fent CiU, és fals i suposa una maniobra de distracció que intenta amagar la reaccionària política social que practica l’executiu d’Artur Mas. Es més, sense dèficit fiscal continuaríem per sota de la despesa social europea, degut a les polítiques de dretes del govern.

Les mobilitzacions per les llibertats nacionals i socials de l’Onze setembre, són per a nosaltres, la gent d’EUiA, un bon moment per defensar els drets socials i nacionals del poble de Catalunya, i poques vegades com aquest aquests drets s’han vist tan qüestionats. Els drets laborals disminuïts i mes amenaçats, vivim una crisi econòmica, una crisi política i una crisi institucional, amb importants repercussions. Són moments, aquest 11 de setembre, de mobilitzacions, les manifestacions de setembre són una oportunitat per oposar-se a les retallades socials i a les retallades nacionals i lluitar-hi en contra..La Diada de l’11 de Setembre és un dia de festa nacional i reivindicatiu. Aquesta ha de ser una Diada unitària i de mobilització per l’avenç dels drets nacionals i socials.

Enguany és necessari continuar mobilitzant-nos per reclamar mesures polítiques i econòmiques per tal que la crisi no la paguin els treballadors i treballadores, com està succeint. L’atur continua creixent, es destrueix ocupació i es fan reduccions salarials a empreses que encara tenen beneficis. Tot això comporta un creixement de la pobresa i de les problemàtiques socials. Cal frenar els intents dels grans poders financers i de la gran patronal, que amb el suport de la dreta espanyola i catalana, volen aprofitar aquesta situació de crisi de la qual ells en són responsables, per reduir encara més els drets dels treballadors i treballadores a les empreses i lluitar contra mes congelacions salarials i més des regularització de les relacions laborals.

L’11 de Setembre, tornem a expressar el compromís en la defensa del dret de poble de Catalunya a l’autodeterminació. L’exercici d’un dret democràtic per aconseguir avançar en un Estat federal, plurinacional i republicà.

L’Onze de Setembre és, també, una diada solidària amb tots els pobles i persones que lluiten per la pau i la llibertat arreu del món. Aquest any volem expressar novament la condemna al cop d’estat a Hondures i el nostre suport al poble hondureny, que lluita pel restabliment d’un govern democràtic legítim. El rebuig a noves bases nord-americanes a Colòmbia. La solidaritat amb el poble palestí i sahrauí, i en aquesta data de l’11 de setembre volem recordar l’aniversari del cop d’estat feixista a Xile contra el govern democràtic de Salvador Allende.

 

Ricard Sànchez

Coordinador d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

del Bages 

 

NO DONAR AIGUA ÉS UN CRIM

TRIBUNA

DIVENDRES, 7 DE SETEMBRE DEL 2012 | Regió7

L’Ajuntament de Manresa ha
dictat mesures que castiguen
la mendicitat, les acampades
en llocs públics, etc. EUiA Bages
es va oposar, i es continua oposant, a                                                
aquesta ordenança, perquè considera
que limita els drets i llibertats dels col·lectius
més vulnerables i de la ciutadania en
general.
Aquesta ordenança és molt desequilibrada,
però a mi especialment em preocupa
la prohibició referent a l’aigua.
No s’entén un acte festiu com el correaigua
on es llança aigua d’una forma indiscriminada
i, d’altra banda, es negui
aquest dret a la població més necessitada.
En quina posició es deixen aquestes persones
i famílies que cada nit carreguen
garrafes d’aigua de les diferents fonts públiques
de la ciutat.
L’aigua és un element essencial per a la
vida humana, per a la salut bàsica i per a
la supervivència. Com tots els drets humans,
el dret a l’aigua imposa tipus d’obligacions
als governs com també als governs
locals, que són: les obligacions de
protegir aquest dret. Obligació que s’adoptin
mesures necessàries destinades a
garantir el dret a l’aigua potable (si a
aquestes persones i famílies se’ls prohibeix
i sanciona per recollir aigua, se’ls
buscaran alternatives gratuïtes mentre no
puguin disposar de recursos per poder
afrontar el rebut de l’aigua?…), polítiques
de subsidis i altres obligacions positives,
com ara garantir l’accés dels sectors més
pobres a l’aigua segura mitjançant polítiques
diferenciades. Diferenciades! És a
dir, que negar l’accés a l’aigua a persones
que no tenen recursos és un crim contra
els drets més elementals, l’obligació dels
governs locals de respectar el dret d’accés
a l’aigua potable, en el marc de la legislació
sobre drets humans, s’enquadra de
manera àmplia en els principis de respecte,
protecció i satisfacció de les necessitats
humanes, mai l’ordenança de civisme de
Manresa pot negar un dret humà com
aquest, és a dir, que negar l’accés a l’aigua
a persones que no tenen recursos és un
crim contra els drets més elementals.
L’aigua és un bé comú que no pot estar al
servei dels interessos econòmics d’empreses
sinó que ha d’estar al servei de totes
i tots, no es pot jugar amb la dignitat
de les persones i el desenvolupament
humà.
Els poderosos no tenen dret a negar al
ciutadà més necessitat el dret a l’aigua, és
injust i humiliant i viola els drets més elementals
de les persones.

COORDINADOR D’EUIA BAGES
Ricard Sánchez Andrés